MANIFIESTO DEL PRIMERO DE MAYO

A más de un siglo de la gesta heroica de los Mártires de Chicago, Cananea, Sonora y Río Blanco, Ver., la situación de los trabajadores mexicanos es crítica. Según datos del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, tan sólo en los últimos 6 años, los salarios han perdido alrededor del 42% de su poder adquisitivo. Los trabajadores desempleados, subempleados y con empleos informales superan los 31 millones, mientras que 28 millones de personas padecen la pobreza alimentaria, lo que afecta principalmente a las mujeres y los jóvenes.

Por otra parte, los derechos laborales se encuentran hoy día bajo asedio por los reiterados intentos por imponer reformas neoliberales pro empresariales y regresivas en ámbitos como el de la seguridad social, la estabilidad en el empleo, el derecho de huelga, la libertad de asociación sindical, la educación y la contratación colectiva.

Tal es el caso de las propuestas de Reforma Laboral promovidas por un sector del PRI y por el PAN, y la puesta en marcha, en la Ciudad de México con una serie de criterios lesivos para la libertad sindical por el gobierno del PRD. Sin olvidar también, la reforma de las leyes del IMSS e ISSSTE y más recientemente, la imposición de mecanismos como el de la evaluación unilateral de los profesores. Proyectos que inciden en la disminución del costo de la mano de obra, que facilitan los despidos y obstruyen la organización autónoma de los trabajadores al fortalecer los mecanismos de control corporativo sobre las organizaciones sindicales.

Otra expresión de la ofensiva en contra de los derechos laborales, es la agresión abierta hacia las organizaciones sindicales independientes, frecuentemente alentada por el afán gubernamental de proteger, a toda costa, los intereses de sus aliados empresariales, lo que se ha traducido en la eliminación de fuentes de trabajo y en la acumulación de numerosos conflictos sindicales de toda índole.

Ejemplos de ello son los Mineros, que cumplen 7 años sin que se resuelvan las huelgas de Sombrerete, Cananea y Taxco y sin que se reconozca legalmente a la dirigencia de su sindicato; los electricistas del SME que mantienen la lucha por la restitución de su fuente de trabajo, arrebatada por un decreto a todas luces arbitrario; los compañeros de Mexicana de Aviación quienes se han enfrentado a multitud de subterfugios que demuestran la notoria coincidencia de intereses de las aerolíneas de “bajo costo” y funcionarios del gobierno federal, empecinados en impedir la reactivación de una de las principales empresas de aerotransporte de nuestro país; así como el secuestro del Secretario General del Sindicato de Honda y los constantes ataques contra los derechos e intereses de los trabajadores de la UACM, SUTIEMS o el Sindicato de la Universidad de Sonora, actualmente en huelga, entre otros.

El gobierno federal y los gobiernos locales, que sistemáticamente ignoran o confrontan al sindicalismo independiente, han alentado la proliferación de los contratos colectivos de protección patronal.

Para decirlo en forma precisa: al mismo tiempo que se generalizan los empleos precarios y la informalidad, en numerosos sectores productivos se vacuna a los trabajadores frente a cualquier posible brote de organización autónoma, con contratos colectivos simulados. Los contratos colectivos de protección patronal son, adicionalmente, el eje de una transformación silenciosa de las relaciones laborales para beneficio del capital, en las que se implantan las modalidades más retrogradas de la flexibilidad laboral y en las que prevalece la más absoluta desprotección de los trabajadores.

Podemos afirmar, en consecuencia que la democratización del mundo del trabajo sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro país. Lo mismo ocurre con la revaloración del trabajo, asunto permanentemente pospuesto en beneficio de las políticas neoliberales de contención salarial vigentes por más de treinta años.

El actual modelo de desarrollo neoliberal ha generado, por otra parte, una crisis estructural del campo que se ha reflejado en dependencia alimentaria y creciente desempleo, abandono del campo y emigración, elevados índices de pobreza, desintegración familiar y social, baja productividad y degradación de los recursos naturales. En suma, el campo se encuentra devastado y en condiciones deplorables. Desmanteladas sus instituciones sociales se ha convertido en generador de pobreza y expulsor de mano de obra.

La crisis alimentaria y la hambruna asociada a ella, pueden ser el caldo de cultivo de estallidos sociales si no se atienden mediante una Reforma Integral del Campo. Para ello, es necesario reconocer la complejización de la sociedad rural, ya no reducida exclusivamente a lo agropecuario, porque las formas de trabajo, de articulación social y de convivencia política tienen en la actualidad múltiples estrategias que, para potenciarlas, requieren de nuevos instrumentos, lo que hace imprescindible la reformulación integral de las políticas orientándolas hacia la Nueva Sociedad Rural, basada en cuatro principios cardinales; integralidad, equidad y justicia social, nacionalismo y cambio de rumbo.

El sector educativo es otro de los ámbitos en los que la aplicación de las políticas neoliberales ha causado más estragos. Las medidas aplicadas por los gobiernos de tecnócratas monetaristas con el apoyo abierto del charrismo Gordillista como la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) o la punitiva evaluación universal han preparado el terreno, junto a la reforma del artículo 24 constitucional, para la contrarreforma al Artículo 3º que desde hace tiempo promueve el sector empresarial y han causado el debilitamiento de la educación pública.

El resultado es un auténtico desastre educativo. Según datos de la propia SEP, más de 41 millones de mexicanos no han completado su enseñanza básica; 1 millón 200 mil niños entre 6 y 14 años no asisten a la escuela; más de 5.5 millones de jóvenes entre 13 y 17 años están fuera del sistema educativo; 3 millones de infantes entre 3 y 4 años no reciben educación preescolar; sólo 17 de cada 100 mexicanos cursan la educación superior y el analfabetismo ha llegado a cifras alarmantes.

Para el Movimiento Nacional, estos temas debieran estar en el centro del debate político ante la proximidad de los comicios federales, junto a ellos debería debatirse acerca de la creciente desigualdad que afecta a la sociedad mexicana, por causa del mediocre crecimiento de la economía.

Nuestro Movimiento considera que las contiendas electorales son un espacio que los ciudadanos y en especial los trabajadores debemos conquistar. Es necesario ligar el sufragio efectivo y conciente con nuestras luchas, transformando los agravios sufridos en propuestas para la democratización y la transformación del régimen económico, político y social de nuestro país. Para comenzar debemos promover acciones contundentes como el voto de castigo a los gobiernos y partidos que han contribuido al quebranto de la nación y el veto a los candidatos al servicio de los poderes fácticos. La arena electoral debe utilizarse para el debate y la confrontación de auténticas plataformas políticas, que promuevan propuestas y alternativas a la actual situación por parte de los trabajadores del campo y la ciudad y del amplio movimiento ciudadano que se ha venido forjando frente a los atropellos y agravios de la persistente aplicación de la política neoliberal.

Desde la perspectiva de los trabajadores, hace falta un cambio de la economía política y no sólo del partido político en el poder público, como condición necesaria para el crecimiento, el desarrollo, la generación de empleos bien remunerados, la vigencia de los derechos humanos y la paz social. Mientras siga prevaleciendo la actual política económica creada para beneficio de las corporaciones globales y de sus estados nación, difícilmente lograremos superar la tasa de crecimiento promedio del 2% del PIB observada los últimos años.

Un crecimiento económico sostenido del 7% es, por otra parte, la condición necesaria para generar los empleos formales y bien remunerados que se requieren para atender las necesidades derivadas del crecimiento poblacional, disminuir la desigualdad y tener competitividad. Lo que debe acompañarse con la reactivación del mercado interno, la mejora gradual del poder adquisitivo de los salarios, el pleno respeto y reconocimiento de la libertad y la democracia sindical y con un nuevo pacto fiscal progresivo y redistributivo que elimine los paraísos fiscales y permita la inversión pública productiva en el campo y la ciudad.

La nueva política económica sentaría las bases para recuperar la soberanía alimentaria y energética del país, hoy en día severamente comprometida por el abandono crónico del campo, la depredación abierta o encubierta a costa de PEMEX y por la paulatina privatización de las compañías vinculadas a la generación del fluido eléctrico. Baste recordar, en este sentido, que México se ha convertido en importador de alimentos básicos mientras que el 50% de la generación de la electricidad corre ya por cuenta de los productores privados.

El cambio de rumbo de la economía debe vincularse a su vez con la democratización del régimen político cuyo núcleo deben ser los derechos humanos establecidos en el Art. 1 de la Constitución, la defensa del carácter laico del Estado y las diversas medidas mediante las cuales se establecerían los mecanismos de democracia participativa y control social sobre la principales políticas públicas (referéndum, iniciativa popular, revocación de mandato etc.).

Establecer, finalmente una política social distinta es crucial para desterrar el clientelismo en la aplicación de los programas de asistencia social y eliminar el sometimiento corporativo de las organizaciones sociales ante los distintos niveles de gobierno. En este ámbito, es necesario recuperar el poder adquisitivo del salario; crear un seguro de desempleo y mecanismos de reinserción laboral; reconstruir el sistema de seguridad social recuperando su carácter solidario y ampliando su cobertura para establecer un piso básico; fortalecer la educación pública, laica, gratuita y de calidad en todos los niveles, así como la investigación científico-tecnológica, además de promover la cultura y el deporte.

Este Primero de Mayo el Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y la Libertades Democráticas, marcharemos en la Ciudad de México y en las principales ciudades de nuestra nación, junto a otros destacamentos de trabajadores del campo y la ciudad para exigir la solución de los conflictos sindicales que afectan a los electricistas del SME, a los trabajadores de Mexicana, a los Mineros y a nuestros compañeros del SUTIEMS, de la UACM, SANDAK, HONDA y de la UNISON, así como el castigo a los responsables por la condición de postración de nuestro país, asolado por la violencia generalizada y por la drástica caída de los niveles de bienestar de la mayoría de la población.

Emplazamos a los partidos políticos involucrados en la contienda electoral a debatir en torno a nuestras propuestas y convocamos a todos los excluidos por las políticas neoliberales vigentes, a participar en la construcción de un Amplio Frente Social y Político capaz de articular la lucha por la transformación económica, política y social que requiere nuestro país.

Demandamos que el Poder Legislativo cumpla con el acuerdo parlamentario para iniciar la mesa de diálogo con el Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas.

Nuestras agrupaciones sindicales honrarán la memoria de los Mártires de Chicago, Cananea y Río Blanco impulsando conjuntamente con la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Sindical de las Américas (CSA), la Campaña Internacional en contra de los Contratos Colectivos de Protección Patronal y la Campaña Trinacional en Defensa de los Derechos de los Trabajadores.

Saludamos los distintos esfuerzos unitarios que varias organizaciones están llevando a cabo para integrar una organización sindical que logre contribuir a la reorganización y democratización del movimiento sindical y reiteramos nuestra convicción de profundizar el trabajo unitario que venimos realizando en el seno del Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y la Libertades Democráticas, y otros espacios como la Alianza Trinacional de Solidaridad, para impulsar la unidad en la acción, así como la democratización sindical y la defensa de los derechos humanos y laborales.

¡SOLUCIÓN A LOS CONFLICTOS DE: MEXICANA, SME, MINEROS, SANDAK, HONDA, SUTIEMS, STUACM, UNISON!

¡NO A LA REFORMA LABORAL, NI A LA PRIVATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA Y EL PETRÓLEO!

¡DEROGACIÓN DEL “DECRETAZO” DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL D. F.!

¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN Y REPRESIÓN EN CONTRA DE LAS LUCHAS SOCIALES!

¡LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS!

¡RECUPERACIÓN DEL PODER ADQUISITIVO DE LOS SALARIOS!

MOVIMIENTO NACIONAL POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y ENERGÉTICA, LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS